Publican informe de financiamiento educativo en la Argentina

Desde CIPPEC y el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo realizan, hace más de una década, un monitoreo del financiamiento de la educación para entender el cómo y por qué de la evolución en inversión educativa local.

El trabajo realizado en conjunto, parte de la preocupación por el cumplimiento del derecho a la educación en la Argentina y la comprensión de la inversión educativa como insumo crucial para mejorar las condiciones materiales y pedagógicas y lograr una mayor cobertura, permanencia y egreso de estudiantes con calidad educativa

¿Qué pasó con el financiamiento de la educación entre 2005 y 2018?

La salida del gradualismo fiscal a partir de 2018 tuvo un fuerte impacto en el presupuesto educativo. Los datos presupuestarios consolidados de la Nación y las provincias entre 2005 y 2017 (último dato disponible), muestran que la inversión en educación no está protegida de los vaivenes macroeconómicos.

Entre 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó un 9% en términos reales. A su vez, la inversión provincial cayó 8% entre 2015 y 2016, se estancó entre 2016 y 2017, y se estima que retrocedió en 2018 por la caída real del salario docente, que representa el 90% del presupuesto educativo provincial. El poder adquisitivo del salario docente descendió 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales.

Evolución de la inversión educativa nacional, en millones de $ constantes de 2018 (2012-2019)

inversión educativa

Fuente: CIPPEC, sobre la base de información del Ministerio de Hacienda de la Nación, serie de Índice de Precios al Consumidor IPC- INDEC y ECOLATINA.

La reducción de la inversión educativa nacional es preocupante especialmente por el escaso margen que tienen las provincias para implementar políticas con recursos propios más allá del mantenimiento del sistema educativo, es decir, el pago de salarios e infraestructura. La caída que se registra en 2018 podría profundizarse si el presupuesto 2019 se ejecuta tal como fue aprobado: en ese escenario la caída presupuestaria 2016-2019 alcanzaría el 19% en términos reales.

Agregado a esto, la Ley de Educación Nacional (2006) estipula que la inversión en educación debe alcanzar el 6% del PBI. Esta meta solo logró cumplirse en 2015: no fue alcanzada antes ni se sostuvo después de esa fecha. En 2016 el gasto educativo consolidado (que suma la inversión nacional y provincial) fue del 5,80% y en 2017, de 5,65% del PBI.

Disparidades provinciales

Además de haber caído en este periodo, la inversión provincial se caracteriza por ser desigual entre las jurisdicciones de la Argentina.

Inversión educativa del total de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en millones de $ constantes de 2018 (2005-2017)


Fuente: elaboración propia de CIPPEC.

El poder adquisitivo del salario docente cayó 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Esta caída se registró en cada una de las 24 jurisdicciones, con la excepción de San Luis. Cayó con mayor fuerza en Tierra del Fuego y Santa Cruz, las que históricamente pagaron salarios más altos (ver evolución del salario docente por provincia).

Si bien parte de estas disparidades puede atribuirse a los costos de vida en cada provincia, hay una brecha de 2,1 veces entre la provincia que más pagó y la que menos pagó en 2018.  Los fondos nacionales que tienen como objetivo compensar estas diferencias no están logrando cumplirlo.


«La salida del gradualismo económico en 2018 se manifestó con fuerza en la reducción de la inversión educativa nacional. Es preocupante la reducción generalizada de la inversión asignada a políticas educativas nacionales prevista para 2019, teniendo en cuenta el escaso margen de las provincias para implementar políticas más allá del mantenimiento del sistema educativo (pago de salarios e infraestructura) con recursos propios” (Belén Sanchez)

Proteger la inversión educativa

La inversión educativa no está protegida de los vaivenes de la coyuntura económica nacional.  Definir nuevas reglas que la protejan y favorezcan una lógica redistributiva solo puede lograrse con acuerdos de largo plazo y mediante una definición clara de las obligaciones del gobierno nacional y de las provincias.  Un financiamiento suficiente, equitativo, eficaz y eficiente es una pieza fundamental para garantizar el derecho a la educación.

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